Editorial | 21 Junio 2009

Aquella ley de víctimas que en más de una ocasión fue erigida como prueba del compromiso gubernamental con el tumultuoso proceso de paz que se ensaya en medio de la guerra, con las exigencias de los más estrictos observadores internacionales y, en últimas, con la reconciliación, fue archivada esta semana por el mismo Congreso que, diligentemente, aprobó sin mayor discusión el principio de oportunidad que le permitirá a más de 19 mil desmovilizados evitar una condena penal por sus delitos si colaboran en el desmantelamiento del grupo criminal al que pertenecieron y se comprueba que no participaron en crímenes de lesa humanidad.

Al margen de la viabilidad de la polémica, herramienta solicitada por la propia Fiscalía para solucionar el limbo jurídico en que se encontraban los desmovilizados después de que la Corte Suprema estableció que debían ser juzgados por concierto para delinquir y no por delito político, preocupa que el mensaje final que el Gobierno y sus mayorías parlamentarias le envían a la ciudadanía es que existe una clara diferenciación ente víctimas y victimarios.

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Con 48 votos contra 24 la plenaria del Senado acaba de negar el informe de conciliación de la ley de víctimas presentado por el autor y ponente del proyecto Juan Fernando Cristo. Con esta decisión la corporación hundió de paso esta iniciativa, a la cual le faltaba todavía la discusión del informe de conciliación en la plenaria de la Cámara.

Así la Cámara le dé el visto bueno a la conciliación presentada por el representante Guillermo Rivera, quien apoya la ley de víctimas propuesta por el senador Cristo, la norma no puede revivir porque requiere de la aprobación en ambas cámaras.